José, Raúl, Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, Armando, Jerónimo, conocidos como ‘los ocho del airbus’, se enfrentan a ocho años de prisión. Los hechos sucedieron frente a la planta Airbus en Getafe, en el transcurso de la huelga que intentó frenar la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. El juicio, que se inició con la declaración de los acusados, finalizará el próximo viernes con las declaraciones policiales.
La fiscalía pide 66 años de prisión para todos, ocho años y tres meses para cada uno de ellos por incumplir el artículo 315.3, que tipifica el delito de coacción en el desarrollo de una huelga y contempla penas de prisión para quienes “actuando en grupo o de forma individual, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Además se les solicita el pago de multas por las supuestas agresiones a los policías.
Horas antes de que empezara el juicio, miles de personas –10.000, según CCOO– marcharon desde la factoría de Airbus hasta el Juzgado número 1 de Getafe.
Apoyos
En la manifestación, nutrida sobre todo por trabajadores de la empresa y familiares, no faltaron representantes de diversos partidos políticos. Por parte del PSOE se dejaron ver César Luena y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández Barroso. También acudieron los líderes de Podemos e IU Pablo Iglesias y Cayo Lara, y los secretarios de CCOO y UGT.
Los enjuiciados también han recibido, incluso, el apoyo del director de la planta y el de recursos humanos, que les han acompañado hasta la salida de la factoría, donde ha tenido lugar el inicio de la movilización. “Tanto plantilla como dirección apoyan la inocencia de los encausados”, afirmó a Diagonal Manuel Fernández Albano, secretario de comunicación de CCOO Madrid.
Al cierre de la movilización, los representantes políticos presentes coincidieron, según Fernández Albano, en que hay que “derogar el artículo 315.3, por ser una reminiscencia de la legislación franquista”.
Según este portavoz de CCOO, la norma criminaliza el derecho de huelga “hasta puntos insostenibles en democracia”. Este sindicato califica la utilización del artículo 315.3 –algo que no había ocurrido hasta las huelgas generales de 2010 y 2012– de “regresión democrática”. Una norma que se ha utilizado, sostiene, para “reprimir huelgas no violentas que sólo defendían sus derechos laborales”.
Para Fernández Albano, es indudable la inocencia de los acusados en lo que ha calificado como una “persecución política en toda regla”, en contra de la movilización social y el sindicalismo.
Solidaridad desde Aragón
Zaragoza, Uesca y Teruel también fueron escenario este martes de sendas concentraciones en solidaridad con los los trabajadores enjuiciados.
En Zaragoza, CCOO Aragón se concentró a las 12.00 de la mañana frente al monumento a la Constitución, bajo el lema “#Huelganoesdelito”.
Trabajadores de otras empresas como Pikolin, CAF o Exide Tudor también hicieron un paro a las 12.00 para denunciar “el acoso que realizó el Gobierno del PP con uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía: la huelga”.
Julián Buey, Secretario General de CCOO Aragón, ha acusado al actual Gobierno en funciones hacer caer sobre la ciudadanía el peso de la crisis y “limitar derechos para que la gente no puede rebelarse contra esas barbaridades, esos recortes”.
Ana Sánchez, secretaria general de CCOO de Industria en Aragón, leyó un manifiesto en apoyo a los trabajadores enjuiciados y donde denunciaba los recortes a los derechos laborales que se han acometido en los últimos cuatro años.
“La Ley Mordaza aprobada por el ejecutivo para reducir la capacidad de protesta de la ciudadanía, tuvo como consecuencia que más de 300 sindicalistas estén o hayan sido enjuiciados por ejercer el derecho a huelga o como en el caso de los compañeros de Airbus, en el que la justicia le reclama 8 años de cárcel. Un derecho que está totalmente reconocido en la legislación internacional y en las constituciones de los países democráticos”, asegura Julián Buey.
CCOO exige al próximo gobierno la derogación de la denominada “ley Mordaza”, porque de no ser así “las trabajadoras y trabajadores vamos a ver reducida nuestra capacidad de trabajar, luchar y combatir unas relaciones laborales que por naturaleza son desequilibradas”.
Asimismo, IU Aragón mostró su solidaridad con ‘Los 8 de Airbus’ y exigió la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Para ello registró una iniciativa en las Cortes en la que pide la retirada de todos los cargos contra las personas que sean juzgadas por este artículo y su derogación, en defensa de la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho.